El Tribunal General de la Unión Europea tiene un plazo máximo de quince días, desde la vista del pasado lunes, para dar a conocer su decisión sobre la suspensión cautelar del real decreto de incentivos al consumo de carbón autóctono. Sin embargo, la institución judicial no suele agotar este plazo, y de hecho empresas y ministerio confían en que la resolución se produzca de manera inminente, en los próximos días. El sector del carbón confía también en una resolución favorable a la puesta en marcha del real decreto, aunque el tribunal europeo siga después el análisis sobre la validez de la autorización de la norma por parte de la Comisión Europea. Una validez que cuestionan tanto las eléctricas Iberdrola, Fenosa Gas Natural y Endesa como la Xunta de Galicia; mientras que la defienden el Gobierno de España, la propia Comisión Europea y las eléctrias Eon e Hidrocantábrico. A favor de las recurrentes. Fuentes consultadas señalaron ayer que en la vista celebrada el lunes por el juez luxemburgués Marc Jaeger se mostró «cierta perplejidad» porque sean las mismas empresas que recibirán las ayudas por quemar carbón nacional las que hayan recurrido la medida que pone en marcha el mecanismo de este pago. El juicio sobre la cuestión de fondo, al margen de la decisión que tome ahora el juez, puede prolongarse incluso hasta dos años.
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