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jueves, 16 de diciembre de 2010

Cierra Calderón, el último pozo emblemático del Valle de Laciana

Alonso concluye el traslado de los 104 trabajadores a Cerredo, en Asturias

15/12/2010 v. araújo / A. g. Puente  - león


Imagen exterior del mítico pozo Calderón del Grupo Alonso en el Valle de Laciana.

Villanueva critica que el Gobierno ni siquiera responde al teléfono - 15/12/2010

La grave crisis que vive la minería en la provincia acaba de rubricar el cierre del último pozo del Valle de Laciana: el mítico Calderón. El Grupo Alonso ha concluido ya el traslado de sus 104 trabajadores a la vecina explotación asturiana de Cerredo, al tiempo que ayer cristalizó ante la Oficina Territorial de Trabajo la presentación del ERE de seis meses planteado para este centro laboral, un documento que no cuenta con el acuerdo del comité de empresa y que ahora deberá analizar la autoridad laboral para su autorización o rechazo.

La notificación por parte de la empresa de la retirada de los servicios mínimos, que garantizaban el mantenimiento de la mina, hace efectivo el cierre. A pesar de que el Grupo Alonso insiste en que se trata de una medida temporal, ligada al ERE, los trabajadores hablan de un «cierre encubierto».

Fuentes del área de Comunicación de la compañía, confirmaron ayer a este periódico que la medida se debe «a la situación límite que vive la empresa ante la crisis del sector». Aduce motivos de ahorro económico y reducción de costes para afirmar que «no tiene sentido tener dos grupos abiertos», además de explicar que Cerredo cuenta con dos unidades de producción.

Denuncia sindical del traslado. Por su parte, el secretario comarcal de FIA-UGT Laciana, Francisco Aller, apuntó que el ERE presentado por la empresa no cuenta con el refrendo de los trabajadores y anunció ya que denunciarán el traslado de los mineros de Calderón a Cerredo.

Matizó que esta medida supone el incumplimiento del acuerdo del 17 de noviembre de 2007, en el marco del Plan del Carbón, que fija que las empresas no pueden ordenar traslados involuntarios a otras explotaciones del mismo grupo. Además, comentó que la compañía ha provocado también la disolución del propio comité de empresa al decidir prescindir de los servicios mínimos.

«Nos dijeron que no tenía sentido mantenerlo, porque en Cerredo ya hay un comité», manifestó Aller.
Ante la denuncia ya planteada por el comité, el Grupo Alonso reconoció que existe el acuerdo al que aluden los trabajadores, pero precisa que «para su aceptación deben cumplirse expresamente los objetivos del Plan del Carbón, cosa que no sucede». La empresa anunció ya que los servicios mínimos de mantenimiento de Calderón se realizarán desde la propia empresa.

CC.OO. anuncia protestas. Ante el cierre de Calderón, el secretario de Industria Extractiva y Política Energética de la Federación Regional de Industria de Comisiones Obreras, Augusto Pires, afirmó ayer que esta nueva situación «nos llevará a perder la única explotación de mina de interior que había en el valle, algo que es inaceptable».

Asimismo, Comisiones Obreras pretende llevar a cabo «las movilizaciones oportunas» y emplear cualquier método para que este grupo continúe abierto. Desde este sindicato han pedido al consistorio lacianiego una reunión, a través de la reciente plataforma creada por diversos grupos políticos y representantes sindicales para decidir qué medidas se pueden llevar a cabo.

Respecto a la situación que está viviendo la comarca y la comunidad de Castilla y León, Augusto Pires recalcó que es crítica «y una de las más complicadas que nos ha tocado vivir en la minería». Igualmente, no dudó en señalar como culpables de esta situación al Ministerio de Industria y la Junta.

En esta línea, el secretario general de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, Alberto González Llamas, señaló que se trata de que se continúe desarrollando la actividad minera, que permita que en un margen de tiempo «se pueda actuar de una manera diferente para la reactivación de la comarca».

Además, destacó que después de 1992, tras la primera Marcha Minera, se consiguieron «unos esfuerzos económicos con las administraciones para permitir la actividad de las empresas en una situación delicada y ahora se pretende abandonar».

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