En la imagen, vista del lavadero de carbón que CMC tiene en Villablino. L. VILLA
El nuevo expediente de regulación de empleo temporal (ERE) planteado por el grupo Alonso para los trabajadores de interior de Coto Minero Cantábrico (CMC) en Laciana así como para los operarios del lavadero y los talleres auxiliares de carbón que la compañía tiene en Villablino deja a la comarca sin actividad minera.
Según la información aportada por el Grupo Alonso, el nuevo expediente de regulación de empleo afectará a 104 trabajadores de la minería de interior del Grupo Calderón de Coto Minero Cantábrico, a 15 trabajadores del lavadero de carbón y a otros 15 de los talleres auxiliares.
“Esto se tendría que arreglar de otra forma y esperar a que se diera la reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan del Carbón. Si nadie mueve ficha en el Ministerio de Industria no queda otra que esperar a la resolución judicial”, apuntó ayer el presidente del comité de empresa de CMC en Laciana, Francisco Aller.
Los detalles de esta nueva regulación de empleo –se comunicó a los sindicatos en la noche del miércoles y a los trabajadores se les trasladó en asambleas celebradas a lo largo del día de ayer– se conocerán en las reuniones a celebrar en la mañana de hoy con los comité del grupo Feixolín-Calderón y del lavadero. A la espera de esa reunión, el expediente tendría una duración de seis meses y, en principio, habría gente que se podría trasladar para CMC en Cerredo y no se dejaría personal en Calderón para realizar labores de mantenimiento. “No sabemos cuantos trabajadores podrían ir para Cerredo y habrá que ver cómo quedan los trabajadores que se prejubilan para finales de 2012”, apostilló Aller.
Lo que sí tienen claro desde el Grupo Alonso es que en el nuevo expediente –que se suma a los 1.800 trabajadores de las empresa auxiliares– respetará a los trabajadores que están a punto de prejubilarse para no vulnerar sus derechos laborales.
Fuentes de la compañía minera consideran “una barbaridad” tener que esperar hasta que se resuelva el proceso judicial que ‘pesa’ sobre el real decreto que primará el consumo de carbón nacional. “ Llevamos ocho meses sin facturar carbón, nos ha dejado a la deriva. La situación es bastante preocupante y arrastrará a todo el sector”.
Y el grupo Alonso (CMC y Uminsa) está a la espera de que se libere la facturación de la venta de carbón del mes de marzo para poder hacer frente al salario correspondiente al mes de agosto de los 1.200 trabajadores de las 19 empresas auxiliares afectadas por un ERE.
Mientras la senadora y alcaldesa de Villablino, la socialista Ana Luisa Durán, mostró ayer su preocupación por los trabajadores. “La situación es límite, hay que defender el empleo, empleo que debe ser estable, e intentar que esta situación se solucione cuanto antes”. Por ello, Durán pide “a quién tiene que ponerse a hacer los deberes, que los haga”.
El panorama que se presenta en la comarca de Laciana es más complicado que el pasado mes de septiembre. Después de un mes de movilizaciones (cortes de carretera, encierros en los pozos, una huelga de hambre de cuatro trabajadores y la segunda marcha negra que llevó a 200 trabajadores caminando hasta León) para que se aprobase el real decreto, su entrada en vigor está pendiente de las resoluciones de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de la Unión Europea de Luxemburgo. El motivo, los recursos presentados por las eléctricas contra ese decreto vital para el sector pues garantizará el consumo de carbón nacional dando así liquidez a las mineras que llevan nueve meses sin vender carbón.
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